Editorial: entregan una sindemia: se trata de salvar a los pacientes

Cuando este gobierno comenzó, Colombia energía de la pandemia por COVID-19. El sistema de salud enfrentaba sus rezagos: consultas aplazadas, cirugías suspendidas, diagnósticos tardíos, vacunación por recuperar y millones de personas cuya atención había quedado en espera. Era un desafío inmenso, pero conocido. La tarea consistía en reconstruir la capacidad de respuesta del sistema y recuperar la atención perdida.

Cuatro años después, el país y el próximo gobierno reciben una realidad distinta y más grave. Ya no enfrentamos únicamente los efectos acumulados de una pandemia. Hoy convivimos con una verdadera sindemia. Múltiples condiciones sin atención se potencian mutuamente y amenazan la vida de cientos de miles de personas.

Como ya lo hemos mencionado se trata de un problema financiero y administrativo, pero también una crisis simultánea de acceso, oportunidad, continuidad de los tratamientos, gobernanza y confianza. Una crisis que afecta precisamente a quienes menos pueden esperar.

Los pacientes con enfermedades huérfanas, cáncer, VIH/sida, enfermedad renal crónica, enfermedades cardio y cerebrovasculares, diabetes, enfermedades autoinmunes y otras patologías de alto costo dependen de una atención continua. En estos casos, cada semana de retraso significa progresión de la enfermedad, discapacidad irreversible o incluso la muerte. Para ellos, el tiempo también es un medicamento.

Producto de las acciones del gobierno que termina, miles de esos pacientes han dejado de recibir oportunamente medicamentos, procedimientos, dispositivos médicos, consultas especializadas y tratamientos integrales. Ya conocemos las cifras de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, así como el crecimiento sostenido de las acciones de tutela. Detrás de cada estadística existe una persona cuya enfermedad siguió avanzando mientras el sistema discutía ideología, procedimientos administrativos, fuentes de financiación o competencias institucionales.

Como si ello fuera poco, el país conoce finalmente -aunque de manera parcial y todavía rodeada de múltiples interrogantes- un registro financiero de la Nueva EPS durante una parte del período de intervención estatal. Lo que muestran esas cifras es mucho más que un deterioro contable. Constituyen la radiografía de un profundo fracaso operativo y gerencial y la demostración de la incapacidad del Estado para administrar, por sí solo, un asegurador de la magnitud y complejidad de la mayor EPS del país.

Esos registros financieros publicados confirman buena parte de las advertencias formuladas por pacientes, hospitales, clínicas, sociedades científicas, proveedores, asociaciones de usuarios, centros de pensamiento y organismos de control. La insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, el crecimiento de las deudas, la pérdida de gobernanza, la fragmentación de las decisiones y la ausencia de una conducción técnica terminaron acumulando una crisis que hoy acorrala la continuidad misma de la atención.