En el sistema de salud colombiano, la creciente dificultad de liquidez que enfrentan hospitales, clínicas y proveedores ha impulsado la adopción de medidas orientadas a acelerar el flujo de recursos. La Resolución 107427 de 2026 de la ADRES se inscribe en esa lógica. Su propósito es claro: facilitar el giro directo de los recursos de presupuestos máximos permitiendo que los soportes y documentos que respaldan los pagos puedan entregarse antes o después del desembolso.

La intención parecería razonable ante las circunstancias. Sin embargo, cuando se examina esta decisión desde la perspectiva de la sostenibilidad del sistema, emerge una pregunta inevitable; ¿qué ocurre cuando el mecanismo de financiación comienza a privilegiar el pago sobre la gestión del riesgo?

Desde hace varias décadas, la literatura internacional ha demostrado que el papel de un asegurador no consiste simplemente en actuar como intermediario financiero entre quien recauda y quien presta los servicios. Su función principal es gestionar riesgos poblacionales, clínicos, financieros y operativos. La teoría clásica del aseguramiento, desarrollada entre otros por Alain Enthoven, muestra que la sostenibilidad de un sistema depende precisamente de la capacidad de anticipar riesgos, organizarlos, mitigarlos y responder a ellos antes de que se conviertan en gasto inevitable.

Por ello, los sistemas de salud más desarrollados evolucionaron desde esquemas de simple reembolso de servicios hacia modelos de gestión integral del riesgo. El Servicio Nacional de Salud británico, las aseguradoras sociales holandesas, los fondos de enfermedad alemanes y los modelos de atención administrada en Estados Unidos comparten un principio fundamental; quien administra recursos debe asumir responsabilidad sobre los resultados y sobre la utilización eficiente de esos recursos. El objetivo es evitar que el sistema se convierta en un simple pagador de servicios o facturas.

Precisamente por ello preocupa mucho la orientación conceptual que sugieren medidas como la recientemente adoptada por la ADRES.

Permitir que los recursos sean girados antes de contar con la totalidad de los soportes documentales implica trasladar el énfasis desde el control previo al posterior. Aunque ello pueda agilizar los desembolsos, también introduce riesgos operativos significativos.

El primero es el riesgo de la información. Cuando el pago precede a la validación, aumenta la probabilidad de errores, inconsistencias, duplicidades o registros incompletos. La experiencia internacional muestra que la calidad de los datos constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de aseguramiento. Sin información confiable, la gestión del riesgo se vuelve una tarea imposible.