El próximo gobierno recibirá un sistema de salud que atraviesa la mayor crisis de funcionamiento en muchas décadas. Más allá de las diferencias políticas sobre el modelo, existe un hecho incontrovertible: millones de colombianos enfrentan hoy mayores dificultades para obtener una cita médica, recibir oportunamente un medicamento o acceder a un tratamiento especializado. Aseguradores, hospitales, clínicas, proveedores y gestores farmacéuticos soportan una presión financiera sin precedentes. La incertidumbre institucional ha debilitado la confianza entre todos los actores.

Los primeros noventa días del nuevo gobierno no deberían concentrarse en abrir otra gran discusión ideológica. Estabilizar el sistema para garantizar la atención de los pacientes, es la prioridad. Antes que una reforma concebida desde el escritorio, Colombia necesita un plan nacional de recuperación con objetivos concretos, responsables identificables, cronogramas verificables y mecanismos permanentes de seguimiento.

Lo primero es reconocer que el país enfrenta una situación extraordinaria. Declarar un plan de estabilización del sistema de salud enviaría un mensaje claro de responsabilidad institucional. Ello supone convocar una mesa nacional de crisis que reúna a usuarios, pacientes, EPS, IPS, proveedores, ADRES, Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, entes territoriales y la Corte Constitucional, en el ámbito de sus respectivas competencias. No se trata de consensos retóricos sino de construir un plan público con metas semanales sobre acceso, pago de obligaciones, disponibilidad de medicamentos y recuperación de la capacidad operativa.

Sin conocer con precisión el tamaño del problema financiero, cualquier solución será incompleta. Por ello, durante el primer mes resulta indispensable realizar una auditoría técnica e independiente que establezca cuánto se adeuda realmente, quiénes son los acreedores, cuáles obligaciones se encuentran plenamente validadas, cuáles permanecen en controversia y cómo se distribuyen entre UPC, presupuesto máximo, recobros, medicamentos y demás servicios. Ningún sistema puede recuperar su equilibrio si desconoce el verdadero estado de sus cuentas.

Ese ejercicio debe conducir inmediatamente a un mecanismo extraordinario para cancelar las obligaciones verificadas. No todas las deudas pueden esperar el mismo tiempo. La prioridad debe dirigirse hacia las redes de alta complejidad, los medicamentos de alto costo, la atención del cáncer, las enfermedades huérfanas, la diálisis, las unidades de cuidado intensivo y las entidades con mayores dificultades financieras. Recuperar el flujo de recursos constituye, probablemente, la intervención más eficaz para restablecer la capacidad de respuesta del sistema.

Es inevitable revisar técnicamente la Unidad de Pago por Capitación. La suficiencia de la UPC no puede convertirse en una discusión política sino actuarial. Su cálculo debe sustentarse en información auditada, costo médico, cambios demográficos, envejecimiento poblacional, frecuencia de utilización de los servicios, evolución tecnológica y carga de enfermedad. La prima de aseguramiento ha perdido correspondencia con el riesgo real de la población.