La oportunidad de repensar los regímenes especiales

El Gobierno decidió no prorrogar el contrato fiduciario del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La determinación permite abrir una discusión que va más allá de la situación específica de los maestros. Vale la pena reflexionar sobre la pertinencia de los regímenes especiales en salud en el país, su desarrollo histórico y su correspondencia con los principios constitucionales que orientan nuestra seguridad social.

El aseguramiento social en salud de la Alemania de Bismarck determinó una manera de proteger a los trabajadores frente a los riesgos de enfermar. A lo largo de los años los sistemas ampliaron su cobertura en forma progresiva y llegaron a alcanzar la universalidad del seguro de salud en muchos países europeos.

No terminó con ello. Frederik Schut et cols, analizaron la transformación de los sistemas de aseguramiento en salud de Francia, Alemania y Países Bajos para enfrentar los crecientes desafíos. Su artículo fue publicado en Health Economics, Policy and Law en el 2023. Encontraron que la ampliación de la cobertura condujo a la necesidad de contener costos, regular precios, así como volúmenes de servicios, y luego mejorar eficiencia, calidad y sostenibilidad. Tres olas para fortalecer las capacidades de gestión y evolucionar las relaciones entre aseguradores, prestadores y Estado: la primera hasta 1970; la segunda de 1970 a mediados de los 90´s; y la tercera, desde entonces hasta el presente.

El régimen de salud del magisterio nació con la primera ola para lograr la cobertura de su población. Una conquista institucional de los docentes. Sin embargo, su modelo de administración se estancó y no evolucionó para responder a las demandas de mejor gestión de riesgos, eficiencia, calidad y sostenibilidad.

Los resultados preocupan. Así Vamos en Salud (AVS) ha hecho un seguimiento durante los últimos años a este régimen especial. Se evidencia que los problemas no son recientes, pero se agravaron con las determinaciones del gobierno pasado. En especial luego de la intervención al FOMAG en abril-mayo de 2024. El deterioro se acrecentó en aspectos esenciales del acceso y la calidad de los servicios.

Las cifras lo demuestran. En 2024 hubo diferencia entre ingresos y gasto de $ 2,2 billones. En 2025, la diferencia entre pagos y recaudos fue más de 600 mil millones. Los problemas no son sólo financieros. En el boletín de AVS de mayo 2026, se documentó una disminución de centros de atención y de redes de más del 85%. Tiene dificultades significativas de acceso a medicamentos, tratamientos especializados y de servicios en territorios rurales y dispersos. Las quejas de usuarios y pacientes continúan por encima del promedio nacional.

La pregunta que surge es elemental: ¿los maestros y sus familias se encuentran satisfechos con el servicio que recibe? La evidencia es que no.
¿Existe la posibilidad de que en otro modelo encuentren un mejor servicio? Está sujeto a análisis.

Lo que sería equivocado es confundir la defensa del derecho a la salud con la defensa incondicional de una estructura y un modelo de aseguramiento anacrónico que no ha ofrecido los resultados que se esperaban.

No sólo el FOMAG; es bienvenida una discusión más profunda sobre los denominados regímenes exceptuados en salud.

La Constitución Nacional, en sus artículos 13, 48 y 49, establece la igualdad real y los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia de la seguridad social. Por su parte la Sentencia 760/2008 reafirma la salud como un derecho fundamental autónomo y la Ley Estatutaria de 2015 lo reconoce. Si todos los colombianos estamos titulados al mismo derecho en igualdad de condiciones ¿cuál es la justificación para mantener organizaciones de aseguramiento diferenciadas para grupos poblacionales?

Claro, la igualdad constitucional no significa que deba existir uniformidad institucional. Pueden existir condiciones especiales que justifiquen tratos diferentes. Por ejemplo, la Fuerza Pública cumple funciones que se relacionan con la seguridad y la defensa nacional, enfrenta riesgos específicos y requiere capacidades de servicios de salud especiales para garantizar su disponibilidad operativa. Circunstancias así pueden justificar una organización diferente, siempre sometida a la Constitución y a la Ley.

Dicho eso, las excepciones deberían estar sustentadas en necesidades objetivas, demostrables y equilibradas y no solo en antecedentes históricos o conquistas gremiales. Más aún, tendrían que demostrar mejores resultados, mayor eficiencia en el uso de los recursos y más garantías efectivas para sus afiliados.

No se trata de desconocer logros alcanzados, ni de imponer traslados hacia entidades cuya respuesta no está demostrada o es peor. Tampoco suponer que el tránsito de esas poblaciones al sistema general les resolverá de forma automática sus dificultades. Se trata de preguntarnos cuál es la organización que les asegura a los maestros y a sus familiares una mejor atención.

La legitimidad de la seguridad social depende de su capacidad para evolucionar y responder a las necesidades de las personas. La seguridad social nació para ampliar la protección de la población, no para que se perpetúen estructuras que no operan bien. Mucho menos cuando hay alternativas.