La pandemia por Covid-19 ha sido el reto de salud pública más grande que ha tenido nuestro país y su sistema de salud en el último siglo. Ante un desafío de ese tamaño, es claro también que le corresponde a la Nación liderar y definir las políticas para contener y mitigar el impacto que este riesgo produce en la sociedad; medidas que a su vez deben ser ejecutadas por las entidades territoriales y los agentes privados delegados para tales funciones.

El nivel nacional debe determinar entonces las prioridades del país y de las entidades territoriales en materia de salud pública, así como las acciones de obligatorio cumplimiento del plan de atención básica o colectiva con la participación de las entidades territoriales. Así se encuentra establecido en nuestro ordenamiento jurídico y de esa forma han sido definidas y aplicadas las acciones de mitigación no farmacológicas que se han implementado durante estos diez primeros meses de epidemia.

Las medidas farmacológicas que contribuyan a detener el impacto de la infección deben tener igual procedimiento, en especial cuando el recurso terapéutico es escaso -como la vacuna contra la Covid-19- y cuando se debe distribuir y aplicar mediante una estrategia que responda a principios de beneficencia general, transparencia y equidad social que permitan atender primero a los más expuestos y vulnerables ante el virus, para continuar luego de forma gradual y progresiva con el resto de la población hasta lograr la cobertura óptima que se requiere.

Además, le corresponde a la Nación, de acuerdo con la Ley 715, “Adquirir, distribuir y garantizar el suministro oportuno de los biológicos del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), los insumos críticos para el control de vectores y los medicamentos para el manejo de los esquemas básicos de las enfermedades transmisibles y de control especial”

Como lo señala en su página web, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) “es una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas”

Colombia cuenta con un sólido Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI- que provee veintiún vacunas para veintisiete enfermedades consideradas de prioridad en salud pública. La vacuna contra la Covid-19 es la vigésima segunda que complementará y fortalecerá ese arsenal de protección pública sanitaria para nuestra población.

Las entidades territoriales (gobernaciones, alcaldías y secretarías de salud) y los agentes privados (EPS, IPS) están encargados dentro del PAI de aplicar a las personas las vacunas entregadas por el Gobierno Nacional que han sido adquiridas mediante compra centralizada a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud-OPS-. En esta oportunidad, ante la Covid-19, se ha establecido un mecanismo semejante, el COVAX, que se adiciona con adquisiciones directas de la Nación a las empresas farmacéuticas productoras.

La logística requerida para la vacunación en Colombia se deberá acrecentar. Al año, el PAI aplica un promedio de 35 millones de dosis para atender a la población objeto de protección contra las veintisiete enfermedades ya referidas. En este 2021 y parte de 2022, el Programa tendrá que mantener ese nivel de vacunación y agregar 55 millones de dosis que se requerirán para cubrir al setenta por ciento de la población al cual se le debe aplicar el biológico contra el Covid-19 si queremos alcanzar la inmunidad que nos permita avanzar hacia una renovada normalidad. Se requiere más personal y equipos de vacunación, así como de refrigeración y transporte.

Es en esa labor logística de implementación del Plan de Vacunación donde las entidades territoriales y el sector privado deberán ayudar más y emplearse a fondo para que la tarea se cumpla con eficiencia, eficacia, transparencia y total equidad, con la prelación que se requiere desde el punto de vista de salud pública. La priorización de dichas entidades no está en la compra de la vacuna; eso es responsabilidad de la Nación.

El reto se trata de alcanzar para todas las personas la protección contra el virus que nos permita vivir con mayor normalidad y retomar una senda de bienestar, productividad y desarrollo. Es un desafío de salud pública; no de quién tiene más recursos.